¿Hacia dónde se orientará la Política Agraria Común después de 2027? Los expertos opinan
La próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) se está diseñando en un contexto marcado por las elecciones europeas, la guerra en Ucrania y las tensiones comerciales globales. El Ministerio de Agricultura español ya ha iniciado reuniones con el sector para preparar su posición, mientras se espera que la Comisión Europea presente el primer borrador en el segundo semestre de 2025.
El ministro Luis Planas ha subrayado la necesidad de una PAC "con personalidad propia, tanto institucional como jurídica, y bien dotada financieramente". Esta postura refleja las demandas del sector agrario español, que busca mantener el apoyo comunitario ante los retos actuales, desde la inflación hasta la competencia internacional.
Por su parte, expertos como Isabel Bardají (UPM) anticipan que la PAC mantendrá su enfoque ambiental, pero con mayor pragmatismo: "No veremos metas rígidas como reducir un 50% los fertilizantes, sino incentivos más realistas". El objetivo será equilibrar ecología y productividad, especialmente para pequeños agricultores.
La batalla por el presupuesto
El futuro de la PAC depende del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Ignacio Atance (Fundación Cajamar) explica: "Bruselas debate tres opciones, pero lo probable es que la agricultura tenga un fondo específico, aunque quizá recortado". España y otros países presionan para evitar pérdidas significativas.
Las protestas agrarias de 2024 aceleraron cambios burocráticos, como eliminar trámites engorrosos (ej.: fotos georreferenciadas obligatorias). Atance destaca: "La PAC 2028 debe ser más ágil. Los agricultores no pueden dedicar más tiempo a papeles que al campo". Además, la posible integración ucraniana en el mercado único preocupa a algunos Estados miembros. Bardají aclara: "Su producción cerealista impactará más en precios que en ayudas directas". Además, la defensa y la migración compiten por fondos europeos, lo que podría restar recursos a la PAC.
Las negociaciones se intensificarán en 2025, con la Comisión Europea buscando un equilibrio entre competitividad, sostenibilidad y seguridad alimentaria. Como resume Planas: "Necesitamos una PAC que proteja al agricultor, al consumidor y al territorio". El reto es grande, pero el margen de maniobra, limitado.El futuro de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2027 se perfila entre la incertidumbre geopolítica, las elecciones europeas y el impacto persistente de la guerra en Ucrania. Aunque un primer borrador de la próxima reforma no se espera hasta bien entrado 2025, los Estados miembros y el sector ya debaten sus prioridades. España, a través de su Ministerio de Agricultura, aboga por una PAC que mantenga una fuerte personalidad institucional y jurídica, y que esté sólidamente financiada, en línea con las demandas de las organizaciones agrarias nacionales. Paralelamente, los ministros de Agricultura de la UE han reafirmado la importancia estratégica de la PAC para la seguridad alimentaria del bloque, su competitividad y sostenibilidad, y la necesidad de inversión.
Los expertos coinciden en que la ambición medioambiental seguirá siendo un pilar de la PAC post-2027, pero señalan que probablemente se desvinculará de los objetivos cuantitativos más estrictos de la Estrategia "De la Granja a la Mesa", como las reducciones prefijadas en el uso de fitosanitarios o fertilizantes. En cambio, se prevé que la política dirija sus fondos de manera más selectiva, priorizando el apoyo a aquellos agricultores que más lo necesiten y fomentando de manera sustancial el relevo generacional, en detrimento de las grandes explotaciones con capital externo. La potencial integración de Ucrania en la UE también emerge como un factor relevante, con posibles efectos en el comercio interior europeo.
La definición del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) a finales de 2025 será crucial para determinar la dotación presupuestaria de la PAC. Las discusiones apuntan a estructuras que podrían mantener la financiación de la política agraria, especialmente las ayudas directas, fuera de los sobres nacionales generales, lo que sugiere una posible continuidad en sus objetivos, aunque el presupuesto podría sufrir recortes. No obstante, una de las demandas clave de las recientes movilizaciones agrarias, la simplificación administrativa, ya está en marcha y se acelerará. Se esperan medidas concretas para flexibilizar la gestión y simplificar los elementos de la condicionalidad de las ayudas antes incluso de la entrada en vigor del nuevo periodo.