Claves: La Directiva europea de Nitratos
La Directiva 91/676/CEE fue aprobada en 1991 para proteger las aguas de Europa frente a la contaminación causada por nitratos de origen agrícola y ganadero, incluidos en los fertilizantes y estiércoles animales utilizados en la agricultura.
¿Qué establece esta Directiva?
Obliga a los Estados miembro a identificar las masas de agua afectadas por nitratos, designar zonas vulnerables, establecer códigos de buenas prácticas agrícolas y poner en marcha programas de actuación con medidas concretas para reducir la contaminación y frenar fenómenos como la eutrofización, un crecimiento descontrolado de algas y plantas acuáticas que se dan en las aguas superficiales, como los ríos y lagos.
¿Cómo se ha transpuesto en España?
Primero con el Real Decreto 261/1996, que incorporó la directiva al marco legal español. En 2022, este fue derogado y reemplazado por el Real Decreto 47/2022, que actualiza las obligaciones y endurece los controles, alineándose con las políticas del Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad 2030, y sobre todo como respuesta de España a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, por incumplimientos de la Directiva. El nuevo decreto introduce criterios más restrictivos para identificar aguas afectadas, refuerza los programas de seguimiento y obliga a realizar inspecciones con más frecuencia.
¿Qué son los “programas de actuación” de las autonomías?
Son planes obligatorios que deben aplicar las comunidades autónomas en las zonas vulnerables. Incluyen restricciones al uso de fertilizantes, periodos de prohibición, límites en la cantidad de estiércol aplicado y medidas para evitar la escorrentía y lixiviación. Por ejemplo, el límite de estiércol es de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año; en ciertos casos, como en zonas recién designadas o con características especiales, puede ampliarse hasta 210 kg, aunque hasta la fecha ninguna CCAA ha aplicado esta ampliación temporal.
¿Qué papel juegan los agricultores?
Deben cumplir los códigos de buenas prácticas agrarias, registrar sus actividades (planes de abonado, fechas de aplicación, tipos de fertilizantes), y someterse a inspecciones y controles. Además, deben contribuir a la recopilación de datos para los informes que España envía a Bruselas cada cuatro años.
¿Cómo se controla la calidad del agua?
Mediante programas de muestreo y seguimiento de las concentraciones de nitratos y fósforo, además de parámetros como la clorofila. Estos controles son realizados tanto por los organismos de cuenca, dependientes del Estado, como por las comunidades autónomas. Los datos de los puntos oficiales de control son válidos para otras directivas como la directiva marco del agua o la directiva de aguas residuales.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de estas normas?
Su incumplimiento puede acarrear sanciones de la Unión Europea y restricciones en ayudas agrarias. Ya hay procedimientos de infracción abiertos contra España por la aplicación deficiente de esta normativa en varias regiones españolas.
¿Cómo han respondido las comunidades autónomas?
De manera desigual. La reducción de los valores límite de nitratos en las masas de agua, la nueva obligación de someter los programas de actuación al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, está obligando a todas las comunidades a revisar sus zonas vulnerables y actualizar sus programas de actuación y códigos de buenas prácticas agrarias. Extremadura ya tiene publicada su adecuación legal y las de Castilla-La Mancha y Murcia se encuentran en fase de exposición pública.
¿Por qué hay protestas por el programa de actuación de Murcia?
La región ha declarado el Campo de Cartagena como zona vulnerable y ha intensificado las medidas contra los nitratos, lo que ha generado protestas entre los agricultores, que denuncian que ya se realizan en la región siete veces más inspecciones que la media nacional, que el nuevo plan perjudica a las explotaciones familiares y que ya existen normativas muy estrictas en vigor, como la Ley de Protección del Mar Menor.
¿Qué se pide desde el sector agrícola y ganadero?
Una reducción drástica de la burocracia, que limita la actividad de los pequeños agricultores; cooperación entre las administraciones y el sector, para que trabajen alineados y no en sentidos contrarios; y que todas las actividades industriales y humanas que contribuyen a la misma contaminación de las aguas estén igualmente examinadas.
¿Cuáles son los plazos para aprobar y actualizar los programas de actuación?
Las comunidades autónomas tienen dos años desde la declaración de una zona vulnerable para aprobar un programa de actuación, y un año en el caso de ampliaciones. Estos programas tienen que revisarse cada cuatro años y actualizarse si no son eficaces, pero algunas administraciones incumplen estos plazos de revisión y actualización, como la de Murcia, donde el programa de actuación lleva vigente nueve años, cinco más de los máximos legales.